Como bien dices, de la mala gestión operativa responde la administración -o sea tú y yo, junto con el resto de contribuyentes, que en último término somos los paganos de la «responsabilidad civil subsidiaria»-, pero cuando digo que nadie pide cuentas a los políticos me refiero al escalón superior. Si se acredita que una mala gestión operativa es producto de una deficiente gestión política-administrativa, al cargo de turno nadie le va a pedir cuentas. La responsabilidad queda en el servicio correspondiente y, en el peor de los casos en un «fusilamiento» de algún responsable o funcionario que, por ejemplo, no haya sabido o querido ¿tapar, encubrir, chapucear? una carencia evidente y probablemente denunciada hace tiempo.
Al reclamar unas «bases de ejecución claras» -¿quien las redacta?-y una «vigilancia de su cumplimiento» -¿quien debe dictar su vigilancia?- estás denunciando lo mismo que yo: Falta de responsabilidad política. Al final estamos de acuerdo en lo mismo.
Respecto a las «condiciones idóneas» quizá tengas razón, puedo establecer una comparación con por ejemplo las mías y ser muy parcial. De todos modos la evolución del ámbito laboral sigo diciendo que ha sido escasa en relación a objetivos de formación profesional, reconocimiento de categoría etc. Efectivamente, en los últimos años el colectivo ha crecido exponencialmente y el reconocimiento social de la labor realizada también. Pero, por ejemplo ¿y el ámbito formativo específico?. A partir de esa base es de donde se empieza a reconocer una categoría profesional específica adecuada y por ese camino no se ha avanzado con las reivindicaciones. Cierto que ahora -después de ¿6? años desde que se publicaran los programas y condiciones de la FP- se quiere ir introduciendo, pero aún así de un modo renqueante y poco claro y nadie levanta la liebre.
El ejemplo que pones de la empresa que concursa me parece perfecto. Un desastre de gestión si no se tiene en cuenta la posibilidad de que exista un convenio colectivo o una negociación que te obligue a por ejemplo, una subida de sueldos mínima. Pero volviendo al tema de «bases de ejecución claras», debería ser la propia Administración Pública la que recogiese en sus bases el respeto de determinadas condiciones y vigilar por su cumplimiento, no hacerse el sueco y «evitarse el problema», dando por entendido que la «empresa respetará». ¿Pretenderían, por ejemplo, no se subieran los salarios ni el IPC durante todo el período de adjudicación?, o algo más simple, el coste variable del combustible ¿podría depender la viabilidad de una concesión de importancia de que el gasóil subiera?. La vergonzosa falta -o siquiera retraso- de pago por parte de la Administración también entra en la responsabilidad política de la que nadie responde.
En efecto, CR no debería ser una baza para tapar los agujeros de una deficiente gestión, pero si en este caso bajas a los niveles más bajos del problema, te darás cuenta de que el efecto operativo directo sería bastante feo si se retirase de la calle, por lo que merece la pena aguantar de momento.
Claro que teleasistencia lo prestan empresas privadas en Madrid capital, a eso iba ¿porqué no entran también a licitar en otras zonas más «complicadillas»?. Porque se les va de madre. Si debería ser o no la CAM quien gestionase la teleasistencia en municipios alejados no lo tengo claro, porque hasta ahora quien se ocupa de ello mayoritariamente son los propios ayuntamientos o las mancomunidades de servicios sociales… Recurriendo a CR porque ninguna empresa quiere pringar con una contrata no rentable.
Nos vemos 😉