La creación de una especialidad en medicina de urgencias paliaría las carencias formativas de los nuevos profesionales, que por su desconocimiento de algunas materias pueden llegar a deteriorar el servicio que se le ofrece al ciudadano y a entorpecer el funcionamiento del equipo sanitario.
Así lo ha destacado hoy a Efe el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Tomás Toranzo, quien ha incidido en que, actualmente, cuando un médico se incorpora a un puesto de servicio de urgencias no posee todos los conocimientos que exige esa posición, lo que puede originar que, en determinados casos, no resuelva todas las necesidades del enfermo.
El experto ha participado ayer en León en una reunión de comisiones permanentes de colegios de médicos de la Comunidad castellanoleonesa, en la que ha pronunciado la conferencia «Mundo laboral en Castilla y León. Situación actual y perspectivas».
Las urgencias son un ámbito asistencial donde, a veces, los pacientes graves no tienen una segunda oportunidad y necesitan ser tratados cuanto antes, lo que requiere «el mejor profesional en cualquier sitio», algo que no se garantiza si a los médicos que van a ejercer en ese puesto no se les imparte una buena formación, ha añadido.
Para tratar este tema y otros relacionados con la figura del médico, Toranzo ha propuesto la creación de un consejo profesional en el que los sindicatos médicos, las sociedades científicas y los colegios puedan tratar con la Administración los temas fundamentales que preocupan a los que ejercen esta disciplina y que «repercuten a los ciudadanos».
La equiparación de las condiciones laborales de los médicos españoles con los del resto de los países europeos, el ajuste de las plantillas a las necesidades del servicio o la elaboración de planes para luchar contra las agresiones a los profesionales sanitarios son algunos temas que preocupan a estos trabajadores que este doctor considera que se deben resolver de forma prioritaria.
Respecto a las agresiones que sufren profesionales de este sector, el consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, ha destacado que próximamente el Gobierno autonómico y el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León firmarán un convenio para tratar este tema «tremendamente importante» e intentar minimizarlo.
Elaborar un registro de todas las agresiones para que se mida la dimensión real del problema será una de las actuaciones que abarque este acuerdo, que pretende salvaguardar el acto médico, «algo de lo más importante que puede tener un ciudadano», ha expuesto el presidente del Consejo, José Luis Díaz Villarig.
Otra de las herramientas que sirven para proteger al profesional de la medicina y que desde hace cuatro años está en funcionamiento en Castilla y León es el Programa de Ayuda Integral al Médico Enfermo (PAIME), mediante el que se garantiza el tratamiento y la confidencialidad del facultativo que sufra trastornos mentales o adicciones.
El coordinador de este plan, Joaquín Fernández de Valderrama, ha manifestado a Efe que el porcentaje de población médica que padece este tipo de problemas es inferior al diez por ciento y que, de los participantes en el programa, el 85 consigue rehabilitarse.
Mediante esta iniciativa, una vez que el médico enfermo -o un compañero- detecta que tiene depresión o adicción al alcohol o a las drogas, por ejemplo, se pone en contacto por vía telefónica con los responsables del PAIME, tras lo que un profesional le somete a una entrevista clínica para saber si es susceptible de ser tratado.
En caso afirmativo, los psiquiatras que forman parte del programa le someterán al tratamiento adecuado, ha detallado Fernández de Valderrama.
